ESQUERDA UNIDA XA TEN MÁS DE 7.000 FIRMAS DE VIGUESES PEDINDO UN REFERENDUM SOBRE A AMPLIACIÓN DA CONCESIÓN DO SENEAMENTO E A AGUA A AQUALIA

EU considera que el informe municipal presentado esta semana é un “fraude esperado” e que os acordos do pleno para tarificar soamente por consumo tomábanse co coñecemento dos tres grupos que sen tocar a concesión é imposible facelo. EU lembra que o que non paguemos os vigueses no recibo de Aqualia, esta o cobra directamente do Concello en forma de indemnización como así o fai Vitrasa no bonobús e nas lanzadeiras.

 

EU sigue recollendo sinaturas para pedir un referendo, fórmula presente no Regulamento de Participación cidadá, de vigueses e viguesas para solicitar que esta ampliación de concesión (que legalmente aínda non pasou por pleno) seña sometida a referendo municipal.

 

Esquerda Unida está informando á cidadanía de cómo as presións que grandes corporacións como FCC fixeron ao goberno socialista de Felipe Gonzalez a nos anos 90 para que ser privatizaran todos os servizos públicos municipais non fóron alleas aos gobernos locais e en Vigo a corporación presidida por Manuel Soto decidíu privatizar o servizo en 1990 dando lugar a SERAGUA, empresa privada que modificaba sustancialmente o xeito non só de xestionar o servizo senón de FACTURALO, empezando a funcionar en adiante o sistema de pago por bloques que introducía o feito de que pagábase un primerio bloque de 30 metros cúbicos aínda que a maioría dos veciños e veciñas non chegaban a tal consumo.

 

O negocio da auga privatizada foi vento en popa, FFC fíxose con gran parte dos servicios en grandes e medianos municipios e en 2001 creou un novo grupo chamado AQUALIA que convertíuse nun auténtico lobby con poder ante concellos e partidos políticos representados.

 

O propio plego de concesión establecía unha serie de medidas que deixaron ao concello sen capacidade negociadora ante AQUALIA, sobre todo ao establecer un tope máximo de inversión en obra (saldo agotado fai anos) e a permitir unha tarifa abusiva e que non contribúe ao aforro, por poñer un exemplo: unha familia que consuma 10m3 e unha que consuman 30m3 pagan case o mesmo. Xa que a primeira paga 34,24 euros/bimestre e a segunda 30m3 paga 38,42 euros. O truco está en establecer un primeiro bloque de 30m3, sendo esa pequena diferencia ó "canon de saneamento", xa que por "abastecemento", "saneamento"e "cota fixa" páganse 32,15 euros aínda que non abras nin un grifo.

 

EU considera que a irresponsabilidade do goberno municipal na ampliación por cinco anos máis da concesión incapacita ao goberno local de conquerir calqueira solución a este problema.

Las tarifas del agua subieron en España una media del 5% en el último año, según un estudio de FACUA

FACUA-Consumidores en Acción ha detectado diferencias de hasta el 354,4% en las tarifas del suministro domiciliario de agua en 2012 de veintiocho ciudades españolas (ver tabla), lo que supone 409,08 euros (más IVA) al año en consumos de 10 metros cúbicos con un contador de 15mm, cánones y recargos incluidos (sin contemplar alquiler y mantenimiento de contadores).

El análisis de FACUA pone de manifiesto que las tarifas para las familias que consumen 10 m3 mensuales han subido desde el último estudio publicado por FACUA, en noviembre de 2011, una media de casi el 5%.

Diferencias desproporcionadas

Las diferencias de tarifas entre la ciudad más cara y la más barata es desproporcionada, alcanzando el 354,4% en el caso del consumo mensual de 10 m3 y contador de 15mm. Esto representa una diferencia anual en las facturas de hasta nada menos que de 409,08 euros (siempre más IVA).

Para contadores de 13mm y consumo de 10m3, los importes más elevados son los de Murcia 27,36, Cádiz, 21,22 y Palma de Mallorca 20,37 euros. En el otro extremo se encuentra Valladolid, que independientemente de si el calibre del contador es de 13 o 15mm su coste es de 9,62 euros.

En el caso de contadores de 15mm y consumo de 10m3, los precios más caros se abonan en Alicante 43,71, Murcia, 33,50, Córdoba, 23,63 y Santa Cruz de Tenerife, 23,12.

Tomando como referencia un consumo de 10m3 con un contador de 13mm, el importe medio es de 15,66 euros más IVA, mientras que si se utiliza un contador de 15mm, este asciende a 17,38 euros siempre más IVA y sin tomar en consideración el coste por alquiler o mantenimiento de contadores.

El análisis de FACUA pone de manifiesto que las tarifas (con cánones y recargos) para las familias que consumen 10 m3 mensuales han subido desde el último estudio publicado por FACUA, en noviembre de 2011, una media del 4,9% si se tienen contadores con calibre de 13 mm y del 4,8% para los de 15 mm.

Tomando como referencia un consumo de 10 metros cúbicos mensuales y un contador de 13 mm, la mayor subida del precio del agua para consumos domésticos se ha producido en Valladolid, con un incremento del 20,9%, seguida de la de Santander con un aumento del 15,5% (en ambo casos se ha producido un cambio en la estructura tarifaria) y Logroño y Ciudad Real, 10,2%.

FACUA recuerda que estas subidas se refieren no sólo a los incrementos aprobados por las empresas suministradoras de agua, sino también por los aumentos en los cánones o por la aparición de otros nuevos, de las comunidades autónomas.

Número de residentes de la vivienda

FACUA entiende que el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de residentes de la vivienda. Por ello, debe avanzarse en la aplicación de tarifas progresivas que penalicen consumos por encima de determinadas cantidades, pero además facturando en función de los habitantes del inmueble.

En la actualidad sólo una de las ciudades analizadas, Sevilla, tiene unas tarifas vinculadas al número de personas que residen en la misma. A Coruña aplica tarifas distintas a partir de cuatro o más miembros en el núcleo familiar.

Por otro lado, en diecinueve municipios se tiene en cuenta si los titulares del suministro conforman una familia o vivienda numerosa para aplicar tarifas más reducidas en las viviendas donde residen más de tres personas.

FACUA considera que, mientras se avanza a la facturación por número de habitantes del inmueble, sería necesario establecer bonificaciones para donde convivan más de tres miembros y no se considere familia numerosa. Estos núcleos familiares podrían estar pagando el metro cúbico como si estuvieran derrochando agua cuando en realidad pudieran estar realizando un consumo 

Carencia normativa

En España, el suministro domiciliario de agua es una competencia de los ayuntamientos, que gestionan, bien directamente por el propio ente o a través del otorgamiento de las concesiones del servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. En algunos casos existen cánones o recargos autonómicos que repercuten en los consumidores que tienen carácter finalista, habitualmente para sufragar obras de abastecimiento, saneamiento y/o depuración.

FACUA exige a los ayuntamientos y entidades gestoras la participación de las asociaciones de consumidores en el diseño de las tarifas y formar parte de los Consejos de Administración de las empresas gestoras.

FACUA continúa demandando una norma marco de ámbito nacional que regule aspectos como los procedimientos para la aprobación de las tarifas, que deben incluir el trámite de audiencia de las asociaciones de consumidores, las indemnizaciones a percibir si se producen cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros, la periodicidad de lectura de los contadores y facturación, las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos que garanticen la suspensión o la baja en el suministro y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.

Además debería existir una norma  que clarificase el precio del agua y los conceptos repercutibles a los usuarios  por el sector, trabajando por un modelo lo más claro posible. 

La asociación también reivindica la obligación de que las empresas cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios y señala la necesidad de que estén adheridas a procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos como el Sistema Arbitral de Consumo.

Metodología

Para realizar este estudio, donde los datos se ofrecen sin incluir el IVA, FACUA ha tenido en cuenta el ciclo integral del agua, esto es, las cuotas fijas y variables facturables tanto por el abastecimiento como por el saneamiento, alcantarillado, depuración y/o vertidos, incluyendo tanto posibles cánones o recargos relacionados con la mejora de infraestructuras, impulsión, sequía... pero excluyendo el alquiler y/o mantenimiento de contadores con importe independiente.

Las cuotas fijas o de servicio son las que hay que pagar aunque no se haga uso del mismo, mientras que las variables o de consumo dependen del volumen de agua consumida.

Tampoco se ha reflejado la existencia o no de bonificaciones a las familias numerosas (pues el estudio contempla una familia de tres miembros), para evitar que se penalicen consumos elevados que en estos casos resultan justificados, o a usuarios de rentas bajas.

Para evaluar las cuotas fijas y variables de abastecimiento y saneamiento se ha tomado como referencia un cliente con periodicidad mensual donde viven un total de tres miembros. Para dicho estudio se han establecido dos consumos medios, de 10 y 20 metros cúbicos, obtenidos por contadores individuales de 13 y 15 mm. de calibre.

Según la ciudad, la facturación se realiza mensual, bimestral o trimestralmente. Para la realización del estudio se ha calculado el equivalente mensual. Tampoco se han reflejado otros conceptos que influyen en el precio del agua como son la disponibilidad y calidad del agua en origen, la calidad del servicio prestado y la existencia o no de subvenciones, tanto de explotación como de capital.

A PRIVATIZACION DA AUGA EN PORTUGAL

(JORNAL AVANTE)

Deputados do PSD e CDS apresentaram, a 31 de Maio, o projecto de resolução n.º 325 em que, dissimulados num conjunto de pseudo-boas intenções, se procura camuflar os três eixos centrais da sua política para o sector da água: aumento brutal das tarifas, retirada das competências aos municípios e privatização dos serviços.

O Governo, através da ministra da tutela, e o Grupo AdP, pela voz da sua administração, têm procurado fazer passar o sound bite da harmonização tarifária, que se reafirma como objectivo no presente projecto de resolução. Deixando agora de lado a pertinente questão que é a de saber se é de facto um objectivo interessante para os portugueses pagar tarifas de água iguais em todo o País, e a incontornável questão do modelo proposto, que pomposamente se designa de «solidariedade tarifária» mas que não é outra coisa do que mais um aumento da carga fiscal, criando mais um imposto indirecto, desta vez sobre o consumo de água – em que qualquer trabalhador das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto se constituirá em financiador dos consumos de água de qualquer grande empresário que possua um solar na Beira ou uma casa de praia no Litoral Alentejano, por via da «sobretaxa» de «solidariedade» a liquidar pelos utentes dos sistemas maiores –, foquemo-nos no essencial: qual o impacto para os utentes dos serviços do processo que se propõe? A resposta é muito evidente: um brutal aumento da factura da água. E, pasme-se, maior para aqueles que supostamente se pretende proteger, os dos sistemas mais pequenos.

Segundo o estudo periódico sobre tarifas de água¹ da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Água (APDA) relativo ao ano de 2010, o preço/m3 do serviço de água (AA) e saneamento (AR) custava em Portugal (médias ponderadas para AA+AR) 1,37 euros/m3, para consumos de 10m3/mês (120m3/ano; 164,41,00 euros), e 1,46 euros/m3, para consumos de 17m3/mês (200m3/ano; 291,00 euros).

Aceitando o objectivo declarado pela AdP de «harmonizar» entre os 2,5 e os 3,0 euros/m3, e acreditando que se referem ao conjunto dos dois serviços (AA+AR), estamos perante um aumento médio de entre 82% e 118% para a 1.ª tipologia de consumo e de entre 71% e 105% para a segunda.

Nos quadros que publicamos em separado verifica-se que os maiores aumentos acontecerão nas regiões de Alentejo, Algarve, Açores e Madeira, ou seja em parte significativa do território considerado mais deprimido, ou seja naqueles território que supostamente se pretendia, através da harmonização, proteger do aumento da factura do serviço, variando nestas regiões o impacto desta medida de «solidariedade tarifária» entre 100% e 278% de aumento.

Acresce considerar, em cima deste já de si violento incremento das tarifas de água e saneamento, o que resultará, por consequência, sobre a tarifa de resíduos sólidos – nos municípios onde esta se encontra indexada à água por percentagem do valor pago, o que ocorre em parte significativa do território –, e o crescimento do valor a pagar pelo IVA, parcelas que no seu conjunto não deixarão de representar mais algumas dezenas de euros anuais.

Por outro lado, a intenção declarada de instituir um preço «harmonizado» representa um desrespeito pela autonomia dos municípios, entidades que, detendo a competência de suprir as necessidades das populações em água e saneamento, são também responsáveis pela definição das tarifas. Sendo grave esse desrespeito quando afirmado pelo Governo, torna-se insólito quando dado como adquirido pela administração de uma empresa pública que, com um absoluto desrespeito pela Lei, pelas instituições democráticas e pelos órgãos eleitos pela população faz tábua rasa das competências legais.

Privatizar é o objectivo

O caminho de afrontamento aos municípios é confirmado, no presente projecto de resolução e pelas múltiplas intervenções da ministra Assunção Cristas, na intenção de impor a designada integração vertical e horizontal dos diferentes operadores, na esmagadora maioria ainda municipais, em quatro ou cinco grandes sistemas. Imposição essa que se procura ocultar numa falsa e vaga declaração de intenções de promover a «flexibilidade e pluralidade das formas de gestão», sem respaldo na praxis governativa, que não só continua e aprofunda a chantagem sobre os municípios através da imposição de inexequíveis planos de pagamentos à AdP – respeitantes a dívidas que em grande medida resultam de um modelo de investimentos imposto aos municípios, sobre-avaliado e desfasado das reais possibilidades das finanças locais – bem como pela colocação de entraves legais (p.e. o impedimento de criação de novas empresas municipais) e pela total ausência de medidas de apoio ao Poder Local que pretenda reestruturar, num patamar intermunicipal, os serviços de atendimento à população. O objetivo é sem dúvida a retirada das competências e dos sistemas das mãos dos municípios para, ao mesmo tempo que acedem directamente à receita gerada, promoverem a organização dos sistemas à forma mais adequada aos interesses privados, com vista à sua futura privatização, sob o eufemismo de concessões.

Perante as evidências, resta perguntar por que se dá o Governo a tamanho trabalho de ocultação das suas intenções. A resposta, aqui como em muitas outras frentes da ação governativa, é óbvia: porque está consciente da oposição dos portugueses aos seus verdadeiros intentos de espoliação do património produtivo e de prestação de serviços de relevante interesse social, retirando-os de todos para os colocar ao serviço dos interesses económicos de alguns.

Importa pois denunciar o erro e a hipocrisia desta política, opondo-nos à subida generalizada das tarifas de água, à retirada das competências municipais e à privatização dos serviços.

^{1 «}Água e Saneamento em Portugal – O Mercado e os Preços 2010», Comissão Especializada de Legislação e Economia, APDA. Lisboa, Dezembro de 2010.

EU ANTE O ACORDO DO PLENO DE VIGO SOBRE TARIFICACIÓN DO CONSUMO DE AUGA

Sede de Aqualia en Vigo

ESQUERDA UNIDA DE VIGO CONSIDERA “PAPEL MOLLADO” O ACORDO DO PLENO SOBRE PAGO POR CONSUMO EN AQUALIA E DENUNCIA QUE O QUE ESCONDE O PP NO CAMBIO TARIFARIO E APLICAR O CANON DA AUGA EN VIGO

EU considera que para poder modificar a tarificación na ordenanza municipal e que a empresa concesionaria non execute penalizacións ao Concello (que indirectamente pagamos todos os vigueses e viguesas) o único camiño é anular a PRÓRROGA A AQUALIA e evaluar de xeito real a remunicipalización do servicio evitando a entrada de capital privado nun sector tan acosado polos especuladores económicos na actualidade como o da auga e o saneamento.

EU continúa a defensa activa dun referendo popular vinculante sobre a prórroga que este goberno local otorgou a AQUALIA aínda tendo informes técnicos que o desaconsellaban, defensa que exemplificamos na recollida de sinaturas que dende fai meses levamos a cabo nas rúas e barrios de Vigo e que acumula máis de 6000 sinaturas uns meses antes da finalización da mesma.

EU igualmente defenderá á volta á xestión 100×100 pública do ciclo integral da auga, nun tempo no que a LEI DE AUGAS que promove a Xunta de Galicia amenaza con convertir un dereito nun negocio privado e altamente lucrativo. Pedimos que Vigo siga o exemplo de París e outros concellos galos que ante o lucro que xeneraban a multinacionais como Suez remunicipalizou o servicio en 2010 creando a empresa pública de augas de París.

En Esquerda Unida estamos de acordo en que se deben implementar medidas de cara a unha maior racionalización no consumo da auga que evite o seu malgasto. Mais consideramos que unha cantidade mínima de auga debería estar garantida a todas as persoas e non suxeita a ningún tipo de cobro, xa que logo Esquerda Unida oponse ao canón da auga que propón o PP na lei de augas de Galicia e que está no fondo do novo posicionamento municipal en Vigo de trocar o sistema tarifario.

O artigo 45º.1 da Lei de Augas di: Constitúe o feito impoñible do canon da auga o uso ou o consumo real ou potencial da auga de calquera procedencia, con calquera finalidade e mediante calquera aplicación, mesmo non consuntiva, por causa da afección ao medio que a súa utilización poida producir, considerándose incluída dentro desta afección a incorporación de contaminantes nas augas, e sen prexuízo dos supostos de non suxeición e exención previstos no artigo 7.

Isto supón que estarán suxeitas ao pagamento do canon da auga todas as persoas polo feito de consumir auga aínda que sexa mediante captación comunal, pozo ou auga da chuvia. É dicir, polo feito de estar vivas. Non se garante unha cantidade mínima exenta de pago, de onde se deduce o carácter unicamente recadatorio desta Lei. Supón outra volta de porca máis na liña de facer repercutir as consecuencias da actual crise económica sobre a maioría social.

ESQUERDA UNIDA DE VIGO APOIA A INICIATIVA CIDADÁ EUROPEA PROMOVIDA POR CC.OO E UXT “A AUGA É UN DEREITO HUMANO"

O procedemento da iniciativa, impulsada pola Federación Europea de Servizos Públicos (EPSU), é un novo mecanismo de participación da cidadanía europea, que require o respaldo dun millón de firmas de 9 Estados Membro, cun 1% do censo de cada un deles.

Esquerda Unida mostrou o seu apoio á iniciativa “A auga é un dereito humano” (Water is a Human Right), promovida por CC.OO e UXT en España, e impulsada pola Federación Europea de Servizos Públicos (EPSU), que se desenvolve a través dun novo mecanismo de participación da cidadanía europea na política comunitaria que entrou en funcionamento o 1 de abril de 2012, e polo cal a Comisión Europea ha de ter en conta a petición presentada por unha organización legilitimada para iso, cando conte co respaldo dun millón de firmas representativas de 9 Estados Membros, e cun 1% do censo de cada un. En España o obxectivo mínimo son 50.000 firmas.

A iniciativa “A auga é un dereito humano” pretende lograr que “o acceso ao auga sexa considerado un dereito humano básico na Unión Europea como xa fixo Nacións Unidas a escala planetaria”. Como consecuencia, “a Comisión Europea debe lexislar coa finalidade de evitar que a auga sexa tratada como unha mercadoría e co obxectivo de que sexa considerada un “servizo básico”. Así mesmo, a iniciativa trata de restrinxir no ámbito europeo os abusos do mercado e das empresas e a privatización do abastecemento e saneamento.

Na proposta presentada á Comisión Europea, solicítase, entre outras cuestións, “incluír o dereito humano á auga e saneamento en todas as comunicacións relativas á auga, garantir servizos de auga (segura, saudable e económica) e saneamento para todas as persoas da UE e renunciar á comercialización dos servizos de auga, mediante a súa exclusión das normas do mercado interior”.

A través da web da iniciativa ‘www.right2water.eu‘ está a levarse un rexistro previo das persoas interesadas en participar.

ACTO INFORMATIVO NA AAVV CAMIÑO VELLO DE COIA (VIGO)

Declaración da Esquerda Europea con ocasión do Foro Alternativo Mundial da auga celebrado en Marsella, Francia, do 14 ao 17 de marzo de 2012

A Esquerda Europea está decididamente comprometida na defensa dos recursos naturais e os bens comúns da humanidade, onde destaca de forma especial a auga, un recurso vital e escaso. Debido a este compromiso participou e apoiou activamente o Foro Alternativo Mundial da auga, que se clausurou hoxe en Marsella, Francia, e que se celebrou durante os días 14 a 17 de marzo de 2012.

Do mesmo xeito que o aire, o sol e os bosques, a auga é un recurso da humanidade que debe preservarse para manter os ecosistemas que permiten a vida sobre a Terra. A auga non é, en ningún caso, unha mercadoría.

A Esquerda Europea defende con firmeza o dereito inalienable ao auga como dereito humano e ben común da humanidade, comprometida na loita por lograr a propiedade e xestión pública da auga e dos servizos de saneamento que eviten a degradación e faciliten a reutilización deste recurso.

A crise actual do capitalismo neoliberal pon en perigo o conxunto dos recursos naturais e os bens de propiedade común. Vemos, por exemplo, aos gobernos europeos utilizar a crise como pretexto para establecer un proceso brutal de privatizacións sen límite e en todos os ámbitos. Converteron a débeda pública na punta de lanza do mecanismo destinado a privatizar todo o público, como nos mostra con toda crueza o caso de Grecia, onde en dous meses privatizaranse todas as entidades públicas que xestionan a auga.

Nesta situación, a Esquerda Europea denuncia a configuración actual do Foro Mundial da auga xa que está promovido polas grandes compañías privadas que pretenden apropiarse da auga co único obxectivo de comerciar con ela e incrementar os beneficios empresariais, eliminando, ao tempo, toda posibilidade de intervención democrática na xestión da auga por parte da cidadanía.

Con todo, para a Esquerda Europea, a implicación da cidadanía, de acódelas usuarias da auga, das asociacións ecoloxistas, dos sindicatos, das asociacións veciñais e das administracións públicas locais, é un obxectivo esencial na loita contra a ameaza de privatización. Por iso apoia a ampla loita social que se desenvolve en Europa en defensa da auga e, sobre todo, apoia o método do referendum promovido desde a base da sociedade que abre a consulta a toda a cidadanía sobre a propiedade e xestión pública da auga (Italia, Portugal, España, Francia,?).

En efecto, a Esquerda Europea considera que só un verdadeiro servizo público pode garantir o dereito á auga. Este servizo público ten que fundarse sobre unha organización descentralizada e controlada localmente polos plenos municipais e parlamentos autonómicos, acódelas usuarias e o mundo do traballo. Isto non pode ser realizado máis que co soporte financeiro do estado nos ámbitos autonómicos, estatais e europeos, colectivizando os medios para facilitar a repartición de cargas de forma xusta e solidaria, con acceso universal e equitativo á auga e ao saneamento independentemente do lugar onde se viva, creando a formación profesional regulada na área do coñecemento relativa á auga e desenvolvendo a investigación científica pública neste terreo xa que hoxe está acaparada pola multinacionais da auga. Na práctica, o devandito tradúcese na garantía de acceso á cantidade mínima de auga que necesita cada persoa para vivir (50 litros de auga por día e persoa segundo a recomendación de Nacións Unidas), e nunha xestión que diferencia os usos da auga (domésticos, agrícolas, industriais, de luxo,...) como resposta ao interese xeral da cidadanía.

A Esquerda Europea apoia tamén as loitas e iniciativas impulsadas, por parte das organizacións políticas que a integran, desde as institucións democráticas representativas dos ámbitos municipal, autonómico, estatal e europeo e a favor da propiedade e xestión pública da auga como dereito social a preservar.

Por iso propugna na Unión Europea a creación do Fondo Social e Solidario que substitúa ao actual «Fondo Europeo de Estabilidade Financeira», xa que este último só serve para impor austeridade á gran maioría das persoas, a parte da sociedade que non é responsable da crise financeira existente. O fondo europeo proposto é unha banca pública destinada a facilitar os investimentos ao servizo da actividade produtiva que xera desenvolvemento humano, social e ecolóxico. Devandito fondo ten que efectuar tamén un papel motor na posta en marcha da colaboración «pública-pública» en materia de cooperación internacional, para crear unha alternativa de carácter mundial ao saqueo orquestrado polas transnacionais.